El pueblo colombiano ha sufrido desde hace varios siglos, una problemática de nunca acabar debido a la otorgación de territorios. Las lógicas de construcción de estos territorios se han venido desarrollando en torno al conflicto, pues ha valido más la ambición de unos pocos que la justicia y el bienestar del pueblo. En Colombia, el desplazamiento es uno de los problemas mas complejos que aqueja a la población siendo notoria la relación entre conflicto, desplazamiento y el despojo de la tierra. Las políticas que se han venido adelantando y las estrategias que el Gobierno Nacional ha venido implementando no han sido suficientes para la magnitud de las necesidades que han sobrepasado las respuestas del Estado y aún de la Comunidad Internacional Cooperante.
Para empezar daré una definición de territorio según Carlos Vladimir Zambrano[1]: Se entiende por territorio el espacio terrestre, real o imaginado que un pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de alguna manera, sobre el cual genera sentido de pertenencia, que confronta con el de otros, lo organiza de acuerdo con los patrones de diferenciación productiva (riqueza económica), social (origen de parentesco) y sexo/género (división sexual de los espacios) y ejerce jurisdicción. En tanto que el territorio es humanizado, cultivado, representado, etc., genera comportamientos culturales en torno a él, leyendas, temores y topónimos. Cada pueblo, comunidad o sociedad quiere ser soberana sobre su territorio y ejercer autoridad en la comunidad política. Como los pueblos son diversos étnica, política y culturalmente, las nociones de espacio varían de pueblo a pueblo, de nación a nación, de Estado a Estado.
La población colombiana, ha sufrido diversas luchas territoriales y éstas se producen cuando entran en relación distintas percepciones de pertenencia, dominio y soberanía sobre el espacio; esto no es ajeno al diario vivir de muchas comunidades que se han visto atropelladas incluso por los regímenes que nos han gobernado a través del tiempo, como es el caso de Carimagua; el escándalo que se despertó por este tema es sin duda alguna la muestra palpable de que las políticas del Estado han tendido siempre ha beneficiar a los grandes empresarios del país olvidándose del pueblo que vive en la miseria. Lamentablemente, como se expone
en el texto de Cecilia López “Carimagua un modelo desplazador”: “En las diferentes épocas de la vida nacional el estado ha sido un actor vital y el que decide el futuro de la tierra, por la sencilla razón de que la mayor parte de la superficie agrícola explotada fue alguna vez de propiedad pública. Por otro lado de las tensiones que se han presentado durante los años, la mayoría han sido contiendas entre grandes y pequeños poseedores en las que el trasfondo del conflicto se traduce en una constante disputa entre el trabajo y la tierra”.
He aquí la relación directa del Estado, el pueblo y el territorio. La pregunta sería: ¿El estado ha garantizado a las comunidades de Colombia la propiedad sobre los terrenos en los que desarrollan su cultura? ¿Cuáles han sido las políticas que se han creado para la distribución de los territorios?
La constitución de 1991, promovió a la política a los afrodescendientes, gitanos, inmigrantes y a los mismos indígenas. Así mismo, desarrolló el denominado “proceso de comunidades negras” basado en el fundamento del reconocimiento territorial manifiesto en el Artículo Transitorio 55 de la nueva Constitución. Entre los indígenas posibilitó hablar de los territorios continuos y discontinuos. Pero como muchas realidades territoriales, se suscitaron enfrentamientos que incluso rompieron las formas rituales de uso del espacio entre comunidades.
La Ley 70, de agosto 27 de 1993, desarrolló el A.T 55 y estableció en su capítulo III los aspectos fundamentales relacionados con la titulación colectiva. Estas normas establecen los consejos comunitarios, las áreas que se excluyen y los procedimientos generales de titulación. El problema es que el nuevo ordenamiento territorial derivado de la Ley 70 de 1993 se constituye en fuente de conflicto al momento de avanzar en los procesos de delimitación, en muchos de los casos en los que no es posible generar consensos alrededor de los linderos entre indígenas y negros, en estos casos no se trata simplemente del desacuerdo por un límite, en ello juega el estado de los recursos, especialmente del bosque, pero también elementos contextuales relacionados con la historia de los asentamientos. La metodología asumida desde el año de 1995 para la delimitación de territorios colectivos, o la conformación y ampliación de resguardos, se ha constituido en alternativa favorable a la resolución de conflictos y en oportunidad de oponer barreras para la formación de nuevos problemas.
Sería bueno remitirse a la página http://www.etniasdecolombia.org/raices.asp, donde se evidencia la situación actual de los resguardos; es un artículo muy interesante que se denomina: Género, Étnia y conflicto.
[1] Politólogo, M. Sc. Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia); y doctor en antropología social y cultural por Universidad de Sevilla (España). Ha sido profesor los departamentos de Ciencia Política de las universidades Javeriana y Nacional de Colombia y, profesor invitado de las Universidades Nacional Autónoma de México, Cádiz e Internacional de Andalucía.
http://www.etniasdecolombia.org/raices.asp
